Los proyectos petroleros, gasíferos y mineros pueden producir grandes beneficios tanto para las empresas extractivas como para los gobiernos. En muchos casos dichos proyectos son dirigidos por empresas responsables con la capacidad técnica y financiera necesaria. Sin embargo, lamentablemente la experiencia ha demostrado también que en muchos casos, en particular cuando la gobernanza es débil, se pueden conceder derechos de extracción de petróleo y minerales a empresas que carecen de dicha competencia. En su lugar, dichas empresas pueden obtener acceso a lucrativos proyectos extractivos gracias a los contactos políticos de sus titulares, o porque sus propietarios están dispuestos a participar en acuerdos cuestionables dirigidos a generar beneficios rápidos para unos pocos, en lugar de beneficios para una porción más amplia de la sociedad. La sospecha o certeza de malas prácticas puede llevar a la devaluación de otros activos extractivos, y disuadir de la inversión general en países ricos en recursos naturales. Las empresas anónimas dificultan la erradicación del blanqueo de capitales y la corrupción ya que permiten a los malhechores ocultarse tras una cadena de empresas a menudo registradas en múltiples jurisdicciones.
Se ha calculado que los países en desarrollo pierden 1 billón de dólares estadounidenses cada año como resultado de acuerdos corruptos o ilegales, muchos de los cuales implican a empresas anónimas. En 2013, el Panel para el Progreso de África sugirió que la República Democrática del Congo (RDC) en el periodo de 2010-2012 perdió al menos 1.360 millones de dólares estadounidenses en cinco acuerdos mineros ocultos tras una estructura secreta y compleja de titularidad de empresas. Conforme a los Informes EITI de la RDC, dicho monto equivale aproximadamente a los ingresos medios anuales del país procedentes del petróleo, gas y minería en el mismo periodo de tiempo. La divulgación de los beneficiarios reales ayudará a reducir el riesgo de malas conductas financieras.
Los Papeles de Panamá confirman que las personas tras la extracción de petróleo, gas y minerales bien pueden ocultarse tras empresas fantasma. El interés por reducir las posibilidades de ocultar dinero en lugares como Panamá es bien recibido, pero por sí solo no va a terminar con el secretismo financiero que facilita la corrupción y la evasión de impuestos. Debe ir acompañado de mejores normas y un mejor cumplimiento en los países en los que se genera el dinero en primera instancia, de ahí que los nuevos requisitos sobre beneficiarios reales sean tan importantes.
Los beneficios de la transparencia sobre los beneficiarios reales son numerosos. Puede ayudar a mejorar las condiciones para la inversión, reducir los riesgos financieros y de mala reputación, prevenir la corrupción y los flujos financieros ilícitos, mejorar el imperio de la ley, aumentar la confianza y la rendición de cuentas, y mejorar la recaudación de ingresos.
